El Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia, de fecha 28 de Septiembre de 2018, la nº 432/2018 en la que vuelve a afirmar que la amenaza a la víctima de hacer público en internet un video de contenido sexual que ha sido grabando anteriormente, para poder conseguir una relación sexual con ella, supone la intimidación que se necesita para considerar esta acción como una agresión sexual, pues la víctima se ve obligada a realizar el acto sexual por miedo a que dicho video se haga público. Así, el T.S. mantiene la condena a seis años de prisión que se la había impuesto al acusado por la Audiencia Provincial de Cádiz por un delito de agresión sexual con penetración.

De esta forma, reitera la doctrina que ya había fijado en sentencias anteriores dictadas en 2016 y  2017, y manifiesta que este acto intimidatorio ha de ser idóneo para impedir que la víctima pueda decidir cómo actuar, suponiendo, en este caso, el elemento que hace que la víctima realice el acto en contra su propia voluntad y en contra de su libertad sexual.